eSefarad Noticias del Mundo Sefaradi
Hace meses escribí sobre la conveniencia de reformar el artículo 22.1 del Código Civil para que los saharauis –que fueron españoles hasta que España abandonó la provincia del Sahara Occidental y la entregó a Marruecos y a Mauritania– pudieran adquirir la nacionalidad española por residencia de dos años, plazo privilegiado que la ley otorga a los nacionales de países iberoamericanos, de Portugal, de Andorra, de Filipinas, de Guinea Ecuatorial y a los sefardíes. Es curioso que España se acuerde de los judíos, expulsados en 1492, y de los ecuatoguineanos, independizados tras un referéndum en 1968; pero que no se acuerde de los saharauis, abandonados en 1975.
Nada se ha hecho al respecto. Pero nuestro Gobierno ha ido, bien que en relación con los sefardíes, más allá. Los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores han anunciado (21.11.2012) que se va a conceder directamente la nacionalidad a dichos antiguos –antiquísimos– españoles. El procedimiento será el otorgamiento de carta de naturaleza previsto en el art. 21.1 del Código Civil.
La carta de naturaleza es una concesión graciosa, otorgable mediante Real Decreto cuando concurran en el solicitante circunstancias excepcionales. Pero el Gobierno ha estimado que el mero hecho de ser sefardí ya constituye una circunstancia excepcional que –debidamente acreditada– da derecho a la nacionalidad española. Es posible, por tanto, que en breve la Federación de Comunidades Judías en España comience a expedir las certificaciones correspondientes que, seguidas, de la demostración de vínculos con España por apellidos, idioma o parentesco, den lugar a la concesión de la nacionalidad española a los solicitantes.
La medida parece acertada: no sólo se enjuga una deuda histórica (aunque el empeño de examinar políticas del Siglo XV con perspectivas actuales resulte estéril) sino que se traen nuevas aportaciones al quehacer nacional; aumentar el número de los ciudadanos españoles (donde quiera que fijen su residencia) debiera aumentar la riqueza familiar, lingüística y cultural, además de la propiamente monetaria. Como acertado fue conceder la nacionalidad española a los hijos y nietos de quienes perdieron la nacionalidad española como consecuencia del exilio padecido tras la Guerra Civil (Disposición Adicional 7ª de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre).
¿Por qué es ahora cuando nuestro Gobierno quiere facilitar la adquisición de la nacionalidad española al, aproximadamente, millón de sefardíes repartidos por todo el mundo (Argentina, EE.UU., Francia, Israel, Marruecos, Turquía, etc.)? Se ha vertido en algún medio la opinión de que España quiere compensar el enojo que pueda causar en Israel un eventual voto afirmativo de España a la entrada de Palestina en la ONU. Debe tenerse en cuenta en todo caso que el derecho del Estado Palestino a existir y, por tanto, a formar parte de la comunidad internacional ya fue reconocido por la Resolución 181 (II) de 29.11.1947 de la Asamblea General de las NN.UU. que puso fin al Mandato Británico de Palestina y llevó a cabo la partición del territorio bíblico entre los dos nuevos estados, Israel y Palestina. Incluso en Europa ya hay un país, Islandia, que ha reconocido a Palestina, con el que mantiene relaciones diplomáticas desde diciembre de 2011. Pero el respeto que España guarda a Israel también parece tenerlo a Marruecos, ocupante ilegal de cuatro quintas partes del Sahara Occidental ¿por qué razón? Los saharauis fueron españoles, como quien dice, hasta ayer mismo. Hablaban y hablan español, enviaban a sus representantes como Procuradores a las Cortes de la Dictadura, formaban parte de nuestro Ejército, tenían documento nacional de identidad español, estudiaban en nuestras universidades, etc. No se comprende por qué a los saharauis se les hace de peor condición que a los sefardíes. El deseo de la mayoría de los saharauis a ostentar la nacionalidad española es patente. Se incrementaría nuestra riqueza lingüística, cultural y laboral. Por otra parte, España tendría que hacerse valer y prestigiarse mediante el desempeño de un papel más activo y comprometido con la defensa de los derechos de sus nacionales, derechos que son sistemática e impunemente pisoteados por el ocupante marroquí ante la inoperancia de la MINURSO, si los saharauis (los de los Territorios Ocupados, los de los Territorios Liberados y los de los campamentos de Tinduf) adquieren la nacionalidad española. Y desde el punto de vista demográfico el aumento de la ciudadanía española en unas 350.000 personas tendría no mayor impacto que el producido por el reconocimiento de la españolidad de los sefardíes (1.000.000) o de los descendientes de los exiliados tras la Guerra Civil (500.000).
España tiene ahora, mediante el reconocimiento de la nacionalidad española de los que fueron compatriotas nuestros, una oportunidad histórica para enmendar un yerro cometido al abandonar el Sahara. Sería triste e injusto que hubiera que esperar a que, como propuso en 2006 D. Mansur Escudero, Presidente de la Junta Islámica de España, se otorgue la nacionalidad española a los moriscos, que la esperan desde 1609.
Eduardo Fungairiño
Fiscal de Sala del Tribunal Supremo
Fuente: LaRazon.es
CON LA MEZURA QUE TE MEZURAN, MEZURA TÚ. Refrán sefaradí.
Meses después del cese de Eduardo Fungairiño como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, el fiscal general Cándido Conde Pumpido decía: “El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino.” Hoy, en mi opinión, los vientos cantábricos que soplan desde hace días remueven algunas togas, sin que el revuelo consiga llamar mínimamente la atención del ciudadano medio y sin poder evitar que sus pespuntes y recosidos sufran del contacto con esos polvos del camino.
Ha sido en La Razón, ¡cómo no!, donde Fungairiño ha publicado un artículo, quizá en lógico intento de sacudir lejos de sí las máculas, deslucidos y desdoros que las omisiones y los olvidos ocasionan en la toga de todo caminante, en el que afirma retomar su admonición sobre la conveniencia de reformar el artículo 22.1 del Código Civil para que los saharauis puedan adquirir la nacionalidad española. Aduce en beneficio de tal interés que los saharauis fueron españoles hasta que nuestro país abandonó a su suerte el Sahara Occidental, y que aquel privilegio ya es otorgado a los iberoamericanos, a los portugueses, andorranos, filipinos, guineo-ecuatorianos y a los sefardíes. Tal, parece decir, como si de ofensiva discriminación para con los saharauis se tratara.
Como no creo al señor Fungairiño desconocedor de la esperpéntica historia de aquellos territorios africanos, ni de los acontecimientos ocurridos en nuestra Península Ibérica, al menos desde Recaredo, tengo por seguro que sus omisiones no son olvidos, ni sus aseveraciones frutos de juvenil ímpetu, sino puros resabios de nostalgias imperialistas y carpetovetónicas. No de otra forma pueden calificarse sus palabras y entrelíneas, toda vez que súbitamente salva la general discriminación respecto de portugueses, andorranos, filipinos y guineanos, en un alucinante intento de centrar su discurso en un supuesto agravio comparativo entre el hecho sefardí y el saharaui. Y como son palabras bajo firma las suyas, siento vergüenza ajena cuando dice sentir asombro porque España se acuerde de los judíos, que fueron expulsados en 1492, y no de los saharauis, que fueron abandonados en 1975. Aunque Fungairiño ve acertada la medida, considera que el Gobierno ha ido demasiado allá al conceder directamente la nacionalidad a los sefardíes—que les parece antiguos, antiquísimos españoles, y no españoles antiguos, antiquísimos, que es diferente—, mediante carta de naturaleza. Así que considera excesivo lo que el Gobierno concede a los sefardíes en base a las circunstancias excepcionales que concurren en ellos, pero acertado, no solo porque sea justo y enjugador de una deuda histórica, sino porque con tal medida aumentará muy mucho el número de ciudadanos españoles, con el consiguiente y considerable incremento de la riqueza familiar y monetaria, lingüística y cultural. O sea, que es negocio.
Pero hay más. Fungairiño pone en boca de otros la opinión de que la decisión tomada por el Ejecutivo español, por extemporánea, viene a compensar ante Israel su voto afirmativo a la entrada de Palestina como observador en la ONU. O sea que, según él, ha sido un trapicheo y no una reposición de justicia.
Quisiera creer que Fungairiño, Don Eduardo, no ha discurrido de igual forma en los tribunales a lo largo de su vida profesional, pues las pruebas aportadas por los litigantes estarían de más; él las mezclaría en tal caso que al fin parecería como culpable cualquier persona que en esos momentos pasara por allí. Así que en evitación de futuros yerros le recordaré a Don Eduardo que los saharauis, más que compatriotas nuestros, fueron súbditos del Dictador Franco, y aquellos que llegaron a pisar suelo hispano lo hicieron con el único objetivo de matar a cuantos españoles (hombres, mujeres y niños) encontrasen desde Tarifa hasta Canfranc, violando a todas las mujeres y niñas que no encontraron a tiempo un escondrijo. Siguiendo sus divagaciones, le recordaré también a Don Eduardo que el derecho de los palestinos a constituirse en Estado es real y le fue reconocido el mismo día y a la misma hora que el suyo a los israelíes. El importante matiz que intencionadamente no menciona es que Israel hizo uso de su derecho y los llamados palestinos, no, llamando a la guerra contra Israel a los países musulmanes vecinos. Por otro lado y en contra de cuanto insinúa expresamente, Israel no ocupa ilegalmente ningún territorio, puesto que aún está declarado en guerra y amenazado por aquellos mismos países, exceptuando Egipto y Jordania, que sí firmaron un acuerdo de paz, devolviéndoles Israel las tierras que les tomó al vencerles. Mal podría encajar este hecho, no mediando la mala intención de Don Eduardo Fungairiño, con la concesión de ciudadanía a los sefardíes.
Se pregunta aún el inefable y desvariado Fungairiño, recalcitrante él, por qué a los saharauis se les hace de peor condición que a los sefardíes. Al respecto es curioso observar cómo insiste en asemejar ambos grupos humanos, cuando nadie que yo sepa hace peor o mejor a unos u otros. Simplemente, señor mío, unos son saharauis y otros sefardíes; unos son bereberes por nacimiento y los otros españoles, es decir, hijos de Sefarad. De aquéllos, algunos obtuvieron la ciudadanía española de la mano ensangrentada del Dictador y como pago por sus fechorías en suelo español, y a los sefardíes en cambio varios siglos antes les fue robada la ciudadanía, esquilmadas sus propiedades, torturados y quemados, o expulsados de sus casas y de su país. ¿De qué paridad habla el señor fiscal?
Haim Fernández Gallardo